Pese a las normativas que existen en Chile para promover la inclusión laboral en las organizaciones, queda mucho por avanzar en cuanto a cuotas de contratación y fiscalización.
Desde que se implementó la Ley N° 21.015, que busca fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el ámbito público y privado, aún existen brechas que permitan dar cumplimiento a la normativa.
Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCH), junto con Shlomidt Shields, del área de estudios y publicaciones de la Fundación, plantearon a parlamentarios temas relacionados con la Ley a tres años de su implementación.
“Buscamos mejoras en la legislación y nuevas formas de facilitar el trabajo y la contratación de personas en situación de discapacidad”, comenta Poblete.
En este ámbito, el diputado Cristián Labbé aseguró que “muchas empresas no pueden realizar la inversión necesaria para contar con los espacios de trabajo adecuado, y el Estado, que debiera dar el ejemplo, tiene cuotas de cumplimiento muy bajas y no entrega la información que la legislación le pide”.
Junto con la necesidad de que las organizaciones lleven a cabo la normativa, llenando los cupos solicitados, también es urgente que haya mayor evaluación. De acuerdo con Labbé “las transformaciones en el sector privado y público, desde la implementación de la Ley de Inclusión Laboral, no sirven de nada si no hay fiscalización”.
Poblete es consciente de la urgencia para que la supervisión sea efectiva. “Es necesario que la Dirección del Trabajo tenga un piso mínimo para fiscalizar, porque del total de las empresas que están afectadas a la normativa, no se alcanza a fiscalizar el 2% de ellas. En el sector público, debería existir una fiscalización de la contraloría hacia las organizaciones del sector público y que haya una descentralización del cumplimiento de la cuota a nivel regional, sobre todo en las empresas que tienen faenas, oficinas y dependencias, además de las que tienen en su casa matriz”, dice.
Además, se requiere también que exista una mayor regulación en materia de implementación de ajustes en el puesto de trabajo, tanto en el sector privado como en el público, con lo que se espera que las organizaciones adapten el espacio de trabajo según las necesidades de las personas con discapacidad.
Para que haya avances en esta materia, Poblete propone que cuando los ajustes superen las 50 UTM, “las entidades tengan el derecho de descontar de sus impuestos un porcentaje de lo que se gasta a través de un crédito; mientras que cuando no estén las medidas en el sector público, estos puedan elaborar un plan de acción para incluirlo en su presupuesto el año siguiente y contratar los servicios que sean necesarios de consultoría y acompañamiento”.
