Cada 1 de mayo celebramos el Día Internacional del Trabajador, pero ¿qué ocurre con quienes, a pesar de su talento y ganas, siguen enfrentando barreras para insertarse en el mercado laboral? Para las personas con discapacidad visual, los prejuicios y la desinformación a menudo pesan más que sus capacidades.

Discriminación en primera persona

Alicia Godoy, masoterapeuta de 55 años y usuaria de bastón blanco, recuerda cómo fue descartada de una entrevista en un spa tras mencionar su ceguera. “Me dijeron que no tenían infraestructura especial, pero en mi experiencia previa en Spa One&Only no movieron ni una mesa: solo necesité adaptarme”, relata. Cuando propuso soluciones —desde limpieza de cabina hasta aprender a manejar la máquina de cobro— su respuesta fue la misma: “No queremos trabajar con personas con discapacidad”.

La Ley 21.015: avances limitados

Desde abril de 2018, la Ley de Inclusión Laboral obliga a organismos públicos y empresas de más de 100 personas a contratar al menos un 1 % de trabajadores con discapacidad. Las firmas que no cumplan pueden financiar programas de capacitación o donaciones a fundaciones especializadas.

Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (Endide):

• De las 153 560 personas ciegas en Chile (1 % de la población), solo el 28,8 % tiene empleo formal.
• Entre las 4 683 567 personas con baja visión, la ocupación alcanza 46,6 %.

Y a siete años de su promulgación, menos de la mitad de las empresas ha reportado acciones concretas para darla efecto.

Reformas recientes para fortalecerla

En 2022, la Ley 21.275 incorporó al “gestor de inclusión” en Recursos Humanos, encargando a un profesional la supervisión de procesos inclusivos. Y en agosto de 2024, la Ley 21.690 consolidó las modificaciones:

• Eleva gradualmente la cuota de contratación del 1 % al 2 %.
• Endurece sanciones y refuerza la fiscalización en ambos sectores.
• Regula las donaciones para responder mejor al incumplimiento.

Aun así, el desconocimiento de estas normas y la sobrecarga de tareas en los equipos de RR. HH. dificultan su aplicación.

Hacia un diálogo efectivo

La Subsecretaría de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo inició un Diálogo Social con empresas y gestores de inclusión para identificar obstáculos prácticos. El objetivo es publicar, en agosto de 2025, un reglamento claro que oriente sobre:

• Protocolos de adaptación en el puesto de trabajo.
• Procesos inclusivos de reclutamiento y selección.
• Mecanismos de información automática para empresas que superen los 100 empleados.

Más allá de la ley: una invitación a la conciencia

Solo el 38,9 % de las personas con discapacidad visual percibe ingresos superiores a $286 000, manteniéndolas en la línea de la pobreza a pesar de su esfuerzo. Además, muchas pymes —con menos de 100 trabajadores— quedan fuera del marco legal.

Por ello, la inclusión no debe depender únicamente de la normativa: requiere voluntad, apertura y convicción de que toda persona aporta valor. Como sociedad, estamos llamados a derribar mitos, compartir información y crear oportunidades reales para quienes ven el mundo de manera distinta.